viernes, 6 de diciembre de 2013

Las claves de la #ReformaAAP

Reforma Rajoy Administración Pública

Sin duda el 20N España otorgó una gran mayoría absoluta al PP para realizar esto, reformas vitalmente necesarias para nuestro país como la Reforma de las Administraciones Públicas, en plural, porque en España se nos superponen hasta 4 niveles de administración pública: Estatal, autonómica, provincial y local. Como bien ha apuntado hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy “España se sitúa entre los países de la eurozona con menor gasto público, un 43%, seis puntos menos que nuestro entorno. Nuestro mayor problema es el desplome brutal de los ingresos” Como bien se intuye de las palabras de Rajoy hoy en la presentación de la #ReformaAAPP el presidente secunda la idea de que  “la salida de la crisis requiere austeridad para que no falte lo que es fundamental”. La anterior cita es de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y es que parece que después de muchas discrepancias con la rama liberal de su partido, Rajoy ha decidido tomar la senda marcada por la “lideresa” y muchas de las medidas que incluirá en este reforma estarán inspiradas en la experiencia madrileña, tales como la centralización de compras y cuentas. 

Es muy pretencioso afirmar que el presidente ha cambiado de senda, pero a mi entender hay mucha diferencia entre una política a base de recortes y una política basada en la austeridad en aquello que es superfluo. Rajoy se verá abocado a cambiar de estrategia, y bienvenido sea, aunque solo sea porque ya no hay nada más en lo que recortar.

Esta reforma sin duda, es una prueba de fuego para este gobierno, que hasta el momento ha dejado a sus espaldas un año y medio de mediocridad con medidas tibias y a medias que no han hecho más que profundizar en las crisis que nos encontramos.

Después de de año y medio con medidas muy duras que están afectando en primer lugar a la ciudadanía (algunos dirían “contra la ciudadanía”) toca dejar de mirar la paja en el ojo ajeno y centrarse en la viga que está desangrando al contribuyente, que es quien mantiene la administración pública. Esto supondrá, entre otras muchas más cosas, la desaparición de numerosos chiringuitos en los que políticos tanto de derechas como de izquierdas practican el enchufismo exacerbado por lo que de llevar adelante esta reforma tal y como se está planteando la oposición al gobierno desde dentro de la propia administración pública crecerá hasta niveles insospechados, pero sin duda será un gesto de buena fe hacia la ciudadanía.

El principal objetivo de esta reforma es el ahorro de 8.000 millones de euros hasta 2015 con el objetivo de cumplir con el límite de déficit impuesto por Bruselas. Ojalá el ahorro hubiera dado comienzo por partidas como esta; posiblemente a día de hoy no llevaríamos sufriendo recortes en educación y sanidad desde el gobierno Zapatero, allá por el año 2010.

La reforma de la administración, al igual que la reforma de la pensiones, ha sido encargada a una comisión que ha estado trabajando durante todo un año: la CORA, compuesta por altos cargos públicos y asesorada por expertos externos. Además hay que añadir que esta ley de reforma es participativa, desde la Vicepresidencia del Gobierno se llevó a cabo una “recolección” de más de 2.000 propuestas ciudadanas que han sido incorporadas al proyecto de ley que le presidente del gobierno presentará próximamente ante las Cortes.

La CORA ha centrado la reforma de la administración pública en cuatro pilares básicos:

1)      La eliminación de duplicidades, servicios prestados por las diferentes administraciones públicas a la vez. Esto provoca que el coste se triplique. Para evitar esto se eliminarán hasta 120 duplicidades por parte de Estado. El objetivo será crear una ventanilla única, en la cual todas las administraciones aúnen recursos para prestar de manera más eficaz los servicios que el ciudadano necesita.  Aquí entra en juego uno de los principales problemas a los que se enfrenta esta ley, la falta de competencias del gobierno central sobre los autonómicos, con los cuales se tendrá que negociar en aras de conseguir la desaparición de las duplicidades. Punto conflictivo y poco concreto, que irá tomando forma a lo largo de los próximos meses. ¿Desembocará en mayores competencias estatales o en un nuevo impulso al estado autonómico? ¿Cómo actuaran Cataluña o País Vasco al respecto? Ya lo iremos viendo…

2)      Simplificación de la administración, un punto más concreto del cual conocemos medidas más concretas tales como la aplicación de un sistema central de compras único que permita la adquisición de bienes y servicios a un menor precio para la administración o la desaparición de 80 empresas públicas y organismos autonómicos como agencias meteorológicas, de energía o para la defensa de la competencia. Además se dará un impulso definitivo a la administración electrónica, con el fin de acabar con burocracia, colas y papeleo. Todos los ciudadanos tendrán a la administración desde su casa, a través de un ordenador.

3)      Centralización de los servicios, otro punto muy conflictivo y que afectará a los ayuntamientos en los cuales se aplicará el coste estándar. Se fijará un coste medio por habitante para la prestación de servicios municipales. Si el ayuntamiento no presta los diversos servicios municipales a este coste perderá sus competencias a favor de las diputaciones. Se calcula que una media de 5500 ayuntamientos perderán competencias económicas y de gobierno al menos durante 5 años. Esto no supondrá su disolución, puesto que mantendrán funciones políticas. A esto habrá que sumarle la desaparición del suelo del 82% de concejales y  de los alcaldes en aquellos pueblos de menos de 1.000 habitantes según la reforma local aprobada el pasado febrero.

4)      Limitación de salarios, lo que supondría un ahorro de 800 millones de euros mediante la limitación de salarios de 560.000 empleados municipales, la eliminación de 132 cuentas bancarias en las cuales se ingresan los salarios de los diversos empleados públicos con el objetivo de ahorra 6 millones de euros, el despido de 370.000 funcionarios más y la limitación de salarios de los directivos. Además los políticos dejarán 268 puestos en consejos de administración de empresas públicas lo que supondrá un ahorro de más de 30 millones de euros.

Lejos de las cifras de millones y millones de ahorro, todo según previsiones del gobierno, esta reforma tendrá una repercusión tanto positiva como negativa. Positiva será la modernización de la administración, que se adaptará a los tiempos actuales y será mucho más accesible para el ciudadano, además este dejará de contribuir con sus impuestos a mantener estructuras duplicadas e inútiles; además nunca está de más ahorra en aquello que es inservible y por lo tanto, suprimible. En cuanto inconvenientes es difícil determinar el alcance de es estos, posiblemente se vean reducidos los servicios municipales en aquellos municipios en los cuales las funciones del ayuntamiento sean asumidas por las diputaciones y como no el despido de funcionarios públicos contribuirá al engrose de las cifras del paro.

Todo ello se verá con el tiempo, esto solo es el comienzo de un largo periplo en Cortes del que seguiremos informando.

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